Neuroderechos. ampliación del actual elenco de derechos digitales (LOPDDD, Carta de derechos digitales) especialmente en relación con los neuroderechos, con especial énfasis en aquéllos referidos a la protección de las personas menores de edad.

Artículo 189 bis del Código Penal sobre incitación o promoción de la pederastia. Otra de las preocupaciones que existen en cuanto a la protección de las personas menores de edad es la existencia en la red de un 'Manual del pedófilo' que da consejos sobre cómo embaucar y agredir sexualmente a niñas, niños y adolescentes. Estudiar la conveniencia de redacción del artículo 189 bis de un modo análogo a éste: 'La creación, posesión, distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos previstos en este capítulo y en los capítulos II y IV será castigada con la pena de multa de seis a doce meses o pena de prisión de […]'.

Proponer el desarrollo de iniciativas a nivel europeo y de las Naciones Unidas sobre entornos digitales seguros. ## Ante el Parlamento Europeo: Que el Comité de Personas Expertas español presente al Parlamento Europeo sus recomendaciones. Solicitar que el Parlamento Europeo establezca una unidad/entidad que monitorice el trabajo de todas las comisiones parlamentarias. Solicitar que el Parlamento Europeo cree un comité de participación de personas menores de edad. Ante el Consejo Europeo: sugerir que el Comité de Personas Expertos español presente también al Consejo Europeo y a los otros Estados miembros sus conclusiones y recomendaciones. Que España proponga la creación de un Representante especial europeo sobre derechos de las personas menores de edad y para la protección de la infancia y la adolescencia. Ante la Comisión de prevención del delito y justicia penal de las Naciones Unidas (CCPCJ): que España proponga una resolución sobre sistemas de verificación de edad inspirada en la experiencia de la AEPD y de otros países de la UE, en el marco de la próxima reunión relativa a la adopción de la convención ONU contra la ciberdelincuencia. Pacto sobre el futuro y su anexo 'Global digital compact' (GDC): sugerir que España proponga introducir los siguientes puntos en el GDC: pedir a la industria que dé prioridad a los sistemas de verificación de edad y de control parental por defecto; disposiciones que obliguen a las empresas a elaborar directrices específicas sobre sistemas de notificación de cualquier forma de abuso en línea adaptados a las personas menores de edad; fortalecer el marco jurídico para proteger mejor a las personas menores de edad de las violaciones de su privacidad y protección de datos en línea, reconocimiento de los retos específicos que plantean las tecnologías emergentes, IA, deepfakes, entre otras; identificación de las amenazas emergentes para NNA; fortalecer el sistema de protección de la infancia en línea; Considerar la organización de un acto sobre la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales durante la cumbre sobre el futuro en septiembre en Nueva York y presentar, entre otros aspectos, los resultados del comité de expertos.

Sistemas de verificación de edad (SVE) siguiendo el Decálogo de la Agencia Española de Protección de Datos. imposición a todos los actores del entorno digital de la obligación de integrar de forma efectiva sistemas de verificación de la condición de autorizado para poder acceder a contenido que pudiera ser nocivo para colectivos vulnerables, específicamente para personas menores de edad, siguiendo los principios publicados por la AEPD para garantizar el interés superior del menor y los derechos fundamentales con relación al tratamiento de los datos personales de todas las personas usuarias de Internet. Se entiende como actores del entorno digital a: los fabricantes de contenido, buscadores, navegadores y redes sociales; sitios de adquisición de aplicaciones ( stores ); servicios de streaming o compartición de contenidos audiovisuales (como consumidores y también como creadores); servicios de video bajo demanda; videoconsolas y videojuegos; servicios de mensajería (en particular, con relación a la administración de listas blancas de personas autorizadas a contactar con la persona menor de edad); comercio electrónico con productos para todos los públicos y para adultos, y, en general, aplicaciones que realicen geolocalización, aplicaciones que expongan a patrones adictivos o aplicaciones que permitan contactar u obtener información de la persona menor de edad. Estos sistemas deben respetar la protección de datos de todas las personas usuarias de la red, garantizando que no es posible su identificación, seguimiento o localización a través de Internet y asegurando que la acreditación para el acceso a contenidos inadecuados sea anónima para los proveedores de servicios de Internet y terceras entidades. Asimismo, el sistema debe garantizar la no vinculación de la actividad de una persona entre distintos servicios y, además, que las personas no puedan ser perfiladas en función de su navegación. Promover que los sistemas de verificación de edad estén alineados con los modelos que se están desarrollando a nivel europeo y evitar las barreras de entrada en la evolución de los estándares técnicos que puedan erigirse. Desarrollar un procedimiento de evaluación continua de los requerimientos técnicos de los SVE y de los mecanismos de control parental para garantizar su eficacia en el tiempo.

Herramienta de control parental en los dispositivos digitales de los espacios públicos. necesidad de evitar la exposición de los niños, niñas y adolescentes a contenidos inadecuados y a riesgos derivados del uso sin supervisión de Internet en los dispositivos digitales presentes en los espacios públicos de cultura, ocio y similares. Garantizar que las herramientas de control parental que bloquean el acceso a material pornográfico y violento y otros contenidos ilícitos, así como lícitos pero inadecuados para los niños, niñas y adolescentes estén siempre habilitadas en los dispositivos digitales disponibles en los espacios públicos como centros escolares, bibliotecas, centros cívicos y culturales, asociaciones juveniles, ludotecas, centros de ocio infantil y juvenil, etc.

Regulación de la retirada de contenidos regular la retirada urgente de contenidos ilícitos con un impacto directo sobre la infancia y la adolescencia en Internet, así como los supuestos que estos tendrían que darse para dicha retirada y la responsabilidad de las empresas que permiten la publicación de tales contenidos.

Tipificación de la pornografía violenta y extrema. En España, la utilización de violencia física o sexual para la obtención del material pornográfico o la representación de escenas de violencia física o sexual o de carácter particularmente degradante o vejatorio se contempla únicamente como agravante del delito de pornografía infantil, cuando debería ser también un delito en sí dado su impacto sobre el desarrollo de potenciales espectadores. Tipificar como delito la pornografía violenta y extrema, incluyendo la producción, publicación, distribución o posesión de, o participación en, material pornográfico que represente escenas de este tipo -que incluya la violación, los actos que amenazan la vida o que resultan en una lesión grave y los actos que impliquen interferencia sexual con un cadáver humano o con un animal- o de carácter particularmente degradante o vejatorio (véase recomendaciones del Consejo de Europa y disposiciones del Reino Unido y Alemania). Se debe prever también la supresión de este material. Diseñar un plan de clasificación de contenidos y persecución de este tipo de vídeos como se hace con las imágenes de explotación sexual infantil. El plan definirá y categorizará dónde están los límites de la representación de situaciones, aunque sean "ficticias" o supuestas fantasías sexuales, y establecerá un sistema de categorización de contenidos aptos y no aptos para poder delimitarlos. Asimismo, conviene desarrollar un sistema de sanción a la industria y a los creadores de este tipo de contenido junto con un sistema de detección y moderación o eliminación de este tipo de contenido en redes sociales e Internet.

Mecanismos de evaluación de las políticas. dar continuidad a iniciativas del Gobierno que agrupan a profesionales de diferentes áreas para el monitoreo de las políticas que se promueven. Fomentar la participación infantojuvenil e impulsar los órganos de participación existentes para que la propia infancia y adolescencia monitoree y evalúe las políticas.

Impulso de los códigos de conducta previstos en la DSA. impulso de los códigos de conducta previstos en la DSA, exigiendo que la evaluación de riesgos y las medidas de mitigación de estos hagan hincapié en el impacto sobre los derechos de las personas menores de edad. En el caso de estos códigos de conducta, establecer un régimen de sanciones cuando: No se incluya en el diseño, el desarrollo, la implantación y el funcionamiento de los productos y servicios un enfoque de privacidad y seguridad, especialmente orientados a la protección de las personas menores de edad. No se incluya en el diseño de productos y servicios modos de protección por defecto, que, bajo el control de los titulares de la patria potestad o tutores adultos, limiten la exposición a contenidos y contactos no autorizados. No se proporcionen a las personas menores de edad alertas ni información concisa, inteligible, de fácil acceso y formulada en un lenguaje claro y adecuado a la infancia y la adolescencia sobre sus derechos como personas usuarias y sobre las implicaciones de sus decisiones de navegación, incluido el acceso a contenidos o a servicios. Esa información puede incluir mensajes no textuales como dibujos animados, vídeos, imágenes y/o iconos. No se advierte sobre los riesgos de determinadas acciones que puedan poner en riesgo la privacidad o bienestar de las personas menores de edad. Por ejemplo, obligando a incluir esa advertencia a través de una ventana emergente o un vídeo cuando suben una foto. No se atienda por parte de la plataforma a las indicaciones del proveedor de una APP de que no se puede comercializar a personas menores de edad (mediante desglose de edades y justificación). No se garantice la privacidad por defecto de los datos personales de las personas menores de edad, cediendo, revelando o comunicando dichos datos con fines comerciales o publicitarios. No se atienda a la evidencia científica o a las recomendaciones de los organismos oficiales con el fin de evitar prácticas perjudiciales para las personas menores de edad. Se dificulte la libre decisión de la persona usuaria haciendo que determinadas opciones que suponen una mayor protección supongan mayor complicación o impliquen más tiempo, o que las configuraciones predeterminadas sean complicadas de cambiar a un perfil de seguridad más alto. Se utilicen técnicas que incentivan indebidamente la permanencia o el tiempo de uso del servicio. No se desactiven por defecto los sistemas de recomendación para personas menores de edad (incluidas las recomendaciones de contenidos o de amigos/seguidores). Se exponga a las personas menores de edad a una presión comercial indebida o inapropiada a través de publicidad dirigida, influencers , compras en la aplicación, o anuncios encubiertos como contenido de usuario/entretenimiento o juegos, o no etiquetado correctamente. El control parental no proporcione una señal de advertencia evidente en el caso de que se rastree la ubicación. No se pongan a disposición de las personas menores de edad recursos accesibles y adecuados a su edad, fáciles de comprender y de usar en relación con los mecanismos internos de tramitación de reclamaciones, notificación y acción. Estos mecanismos de notificación deben dirigirse a una persona física (content moderator) y que tenga obligación de respuesta de un plazo de 48 horas.

Protección de los neuroderechos. inclusión de los neuroderechos como objeto de tutela en el ámbito de todas las áreas a las que afecte, incluyendo la protección de datos.

Informe de impacto sobre la infancia y la adolescencia. ante el lanzamiento de productos y servicios digitales, a los que puedan acceder las personas menores de edad, estén o no dirigidos a la infancia y adolescencia, los fabricantes y productores deberán realizar un informe de impacto con posibles recomendaciones por edades y con participación infantil y/o adolescente (con especial atención a la preservación de su salud), aplicando los conceptos de seguridad desde el diseño y la adaptación de esta información para que sea comprensible para las personas usuarias de distintas edades.

Prohibición de acceso a cajas botín y otros mecanismos de gratificación inmediata a personas menores de edad. se prohibirá el acceso de personas menores de edad a videojuegos y juegos en línea tanto públicos como privados que utilicen las cajas botín u otros mecanismos de gratificación inmediata, u otros mecanismos que generen comportamientos adictivos.

Mejora de la competencia digital de los y las profesionales que trabajan con NNA. ## Descripción: Continuar con la formación al profesorado basada en el Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD) y las necesidades de formación detectadas, considerando las oportunidades y riesgos para la salud física y mental y el neurodesarrollo que supone la aplicación de las tecnologías digitales en el aula. Adaptar el modelo del MRCDD a los profesionales de la educación no formal. Incluir, en los planes de estudio del resto de profesionales que trabajan con NNA, contenidos sobre la competencia digital y la alfabetización mediática, así como los riesgos para la salud y el neurodesarrollo y oportunidades del uso de dispositivos digitales bajo el prisma de la evidencia científica hasta la fecha.

Regulación de los dispositivos tecnológicos propios del centro a través del Plan Digital de Centro. Establecer una regulación adecuada del uso de los dispositivos digitales de los centros que quede reflejada en su Plan Digital de Centro, considerando, al menos: La revisión contrastada de las herramientas y aplicaciones utilizadas para determinar su aportación a la mejora del aprendizaje según criterio científico. La eliminación de juegos de las aplicaciones educativas relacionados con sistemas de gratificación inmediata. El establecimiento de límites a la digitalización de la enseñanza según la edad (incluyendo el tiempo de pantalla de las tareas que se realizan fuera del horario escolar), siguiendo las pautas establecidas por las sociedades científicas y teniendo en cuenta la política de protección de datos, de seguridad y privacidad. -Educación Infantil: no se utilizarán dispositivos digitales individuales, aunque se permitirá el uso de herramientas didácticas colectivas bajo la supervisión adecuada del profesorado. Evitando el uso de dispositivos digitales en el tramo de 0 a 3 años. -Educación Primaria: se priorizará la enseñanza de manera analógica. -Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica: sólo como herramienta didáctica, debidamente justificada y supervisada, y atendiendo a la edad del alumnado.

Ofrecer alternativas no digitales para el tiempo de ocio. organización por parte de las administraciones públicas de una oferta alternativa suficiente en horario extraescolar, fines de semana y vacaciones. Esta debe: Contar con dotación económica y recursos suficientes. Rentabilizar o completar los recursos del entorno de proximidad, tanto de infraestructuras (salas culturales, bibliotecas, campos deportivos, etc.), como personales (voluntariado, asociaciones, etc.). Potenciar las experiencias del mundo físico como alternativa al uso en el tiempo de ocio de tecnologías digitales. Difundir ampliamente las alternativas de ocio saludable propuestas a través de todos los medios posibles, incluyendo webs de los ayuntamientos, centros escolares y entidades colaboradoras. Utilizar plataformas digitales y puntos de información para asegurar que se llegue a un amplio público.

Transversalización de la salud mental y su vinculación a los dispositivos digitales. habilitar espacios de apoyo mutuo entre personas adolescentes, así como grupos de familias, para tratar estas problemáticas y luchar contra el estigma asociado a los problemas de salud mental. Establecer y formar a grupos de familias y adolescentes implicados en programas de concienciación sobre las consecuencias del uso de dispositivos digitales, incluyendo personas con y sin problemas de salud mental (más vulnerables) para combatir el estigma.

Información pública sobre los riesgos sociales y sanitarios del uso de los dispositivos digitales. elaboración de campañas de sensibilización por parte de las administraciones públicas sobre los riesgos sociales y en la salud del uso de dispositivos digitales y el acceso a contenido inadecuado para el desarrollo infantojuvenil. NNA deben participar en el diseño y desarrollo de estas campañas, que se difundirán desde centros educativos, sociales y sanitarios y otros espacios públicos. Estas campañas serán diseñadas con objetivos claros y medibles, con base en la evidencia científica, y deben incidir sobre factores como: Las recomendaciones internacionales existentes sobre uso de los dispositivos digitales atendiendo a los diferentes tramos de edad. Riesgos relacionados con el uso de dispositivos digitales, adicciones y posibles trastornos derivados. Transversalidad y atención específica a los colectivos en situación de vulnerabilidad. Educación digital y en salud, e indicaciones para que niños, niñas y adolescentes conozcan el tiempo de uso y el tipo de consumo de tecnología digital que están realizando. A partir de la elaboración de estas campañas de sensibilización se promoverá la monitorización sobre la evolución del uso de los dispositivos digitales, y la realización de estudios que permitan obtener resultados de la forma más eficiente y comparable.

Mecanismos de bloqueo. implementación de un mecanismo de bloqueo, mediante órdenes de cese de actividad, que permita, previa autorización judicial, bloquear el contenido nocivo accesible en una plataforma de intercambio de videos establecida en terceros países cuando haya sido sancionada por incumplimiento de las obligaciones en materia de protección de personas menores de edad. En este sentido, adicionalmente, se propone un procedimiento sumario de autorización judicial de las solicitudes de la CNMC para que los operadores de telecomunicaciones interrumpan o bloqueen el acceso al servicio de una plataforma de intercambio de vídeo que haya sido sancionada. Medida que en la actualidad se debate a nivel europeo (Reglamento CSAM).

Reforzar las líneas de ayuda para la prevención, orientación, detección temprana e intervención en situaciones de riesgo para las personas menores de edad y sus familias. las líneas de ayuda a la infancia y adolescencia en España son servicios de atención telefónica y canales online destinados a proteger y asistir a NNA que se encuentren en situaciones de riesgo o que necesiten orientación y apoyo. Estas líneas son gestionadas por entidades públicas y organizaciones no gubernamentales y su objetivo es ofrecer una vía de comunicación segura y confidencial para las personas menores de edad y sus familias. Se necesita mayor financiación y acuerdos de colaboración con las líneas de ayuda ya que se detectan cada vez más casos de niños, niñas y adolescentes en riesgo que gracias a estas líneas de ayuda dan a conocer su situación y reciben el apoyo y ayuda necesarios derivando su caso a los organismos competentes.

Habilitación a la CNMC para poder ejercer como DSC de la DSA y atribución de recursos. habilitación normativa a la CNMC mediante la modificación de la Ley de Creación y de los Estatutos de la Comisión y/o, en su caso, de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, para que pueda ejercer sus funciones como Coordinador de Servicios Digitales en el marco de la DSA con la necesaria atribución de medios. Desarrollo del régimen sancionador previsto en este Reglamento para su aplicación por la CNMC. Dotar de recursos materiales y humanos suficientes y de competencias y procedimientos ágiles a las AAPP que pueden apoyar en la actividad de denuncia a la AEPD y a la CNMC (Igualdad, Delegación de Gobierno para la Violencia de Género). Potenciación de la labor de los alertadores fiables ( trusted flaggers ) que debe designar la CNMC en el marco de la DSA, lo que facilitará tanto la detección temprana como la articulación de un sistema de comunicación con los proveedores de contenidos digitales y las plataformas que proveen estos contenidos, para resolver la modificación, retirada o restricción de acceso para personas menores de edad a este tipo de contenidos inadecuados lícitos.

Puesta en marcha del modelo de autorregulación y corregulación y obligación de etiquetado. cumplimiento de la LGCA en lo relativo a la puesta en marcha del modelo de autorregulación y corregulación previsto en dicha norma para su aplicación. Dicho cumplimiento debe predicarse tanto de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual (lineales y a petición) incluyendo los usuarios de especial relevancia (UER) como de las plataformas de intercambio de videos. Según la LGCA, los UER deben calificar sus contenidos e informar al público sin perjuicio de lo que hagan las plataformas de intercambio de vídeos, y cuando las plataformas pongan herramientas a disposición de los generadores de contenidos, están obligados a utilizarlas. Para ampliar el espacio de protección, se propone que los prestadores de servicios digitales afectados deban garantizar el cumplimiento de la obligación de calificación y etiquetado, poniendo a disposición de todos los usuarios generadores de contenidos herramientas para etiquetar los contenidos que suben a sus plataformas (calificación por edades y descriptores temáticos), con el fin de permitir la aplicación de los sistemas de verificación de edad y la utilización del control parental. La obligación de etiquetado debe quedar recogida en las condiciones de uso, de modo que los usuarios generadores de contenidos se vean forzados a declarar si dichos contenidos son o no perjudiciales para las personas menores de edad, como condición previa necesaria para subirlos a plataformas y redes. Extensión del compromiso de plataformas y redes para la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento de otros códigos de autorregulación y corregulación en el ámbito de las comunicaciones comerciales. En el caso de dilación de la obligación de suscribir dichos códigos y convenios, modificación/desarrollo de la LGCA con el fin de establecer un plazo para la adopción de éstos o atribuyendo a la CNMC la potestad sancionadora.

Protección de la infancia y la adolescencia ante las aplicaciones de mensajería digital. Las personas menores de edad están recibiendo gran parte de los contenidos perjudiciales a través de Internet mediante mensajería digital o instantánea, tanto en comunicaciones punto a punto como en multipunto (grupos). También se utiliza dicha mensajería para potenciar las conductas dañinas que se ejecutan. En particular, por el libre acceso que hay a cualquier usuario a través de la mensajería instantánea. Los servicios de mensajería instantánea están protegidos actualmente por el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. Sin embargo, y sin violar el secreto de las comunicaciones, es posible implementar sistema de protección por defecto con relación a los contactos de las personas menores de edad, tanto los solicitados por el propio menor como contactos no solicitados por el mismo. Es decir, quién puede acceder al niño, niña o adolescente o a quién puede acceder el niño, niña o adolescente. Esto es posible si la configuración de los contactos que pueden acceder a y por un usuario (cualquier usuario ya sea mayor o menor) requiera el empleo de un sistema de verificación de edad. De esta forma, aquellos que tienen otorgada la patria potestad o tutela podrían, bajo su responsabilidad, establecer la funcionalidad de la aplicación de mensajería instantánea con relación al libre acceso por y a terceros: bien completamente abierta, restricción a que cualquiera pueda contactar, restricción a que pueda contactar a personas fuera de la lista de contactos, restricción a la lista de contactos y la configuración de la misma.

Estudios de investigación sobre el uso de tecnologías digitales: posibles beneficios y oportunidades, usos problemáticos, riesgos, efectos y abusos. promoción e impulso de estudios multidisciplinares sobre el uso de tecnologías digitales, entre los que se incluyen: ## Estudios en el ámbito de la salud: - Estudios ad hoc para poder hacer un mapeo de la situación actual tanto del uso de tecnologías digitales como sus consecuencias, para valorar el efecto real sobre la salud y qué determinantes modifican ese efecto. - Análisis sobre la prevalencia de las adicciones sin sustancia en la infancia y adolescencia por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. ## Estudios en el ámbito de la educación: Análisis sobre la posible relación entre el uso de móviles personales y la convivencia en los centros educativos. Valorar la posibilidad de añadir preguntas sobre uso de teléfonos móviles personales en la encuesta del Observatorio de la Convivencia Escolar para valorar el efecto que pudieran tener en la convivencia, así como proponer disminuir los rangos de edad de la muestra de la encuesta ESTUDES a 12 años. Evaluar los efectos sobre el aprendizaje del uso de dispositivos digitales en tiempo escolar, contando con la opinión de NNA, a través de una investigación multisectorial de diferentes ámbitos de conocimiento incluyendo los efectos sobre la salud y el proceso de enseñanza-aprendizaje. El informe debe permitir establecer una estrategia que incluya recomendaciones y protocolos que puedan ser incorporados por los centros educativos en sus planes digitales de centro para su aplicación, así como su evaluación continua con el fin de medir su impacto y ajustar dicha estrategia. Investigación: Desarrollar líneas de investigación al respecto adecuadamente dotadas en instituciones públicas como universidades, el CSIC y otras.

Plan de acción relativo a la lucha contra las violencias ligadas al ámbito de la pornografía. Determinados contenidos pornográficos son una amenaza directa para el derecho de las niñas y adolescentes a vivir libre de violencia sexual, violencia física, violencia simbólica y trato cruel, inhumano y degradante, y hay estudios que apuntan a que la visualización de la pornografía aumenta el sexismo y la violencia sexual contra la mujer y niña. También es muy preocupante el aumento de la trata de niñas y niños y su explotación sexual a través de las plataformas y RRSS que son utilizadas para el grooming, la explotación y luego la sextorsión (riesgos de contacto) con un aumento de material autograbado sobre todo de menores de 11 a 13 años. La captación y explotación en línea de niños, niñas y adolescentes vulnera sus derechos a no ser sometidos a trata de seres humanos y a explotación sexual. Además, la exposición de las personas menores de edad a determinados contenidos pornográficos ha generado nuevos delitos como la generación o difusión de imágenes sexuales y un potencial aumento como autores de las violencias. Recomendamos que la Delegación contra la violencia de género y el Ministerio de Igualdad aborden de forma prioritaria la lucha contra las violencias ligadas al ámbito de la pornografía como formas de violencia de género que afecta de forma preponderante a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. En este sentido, se propone un plan de acción estatal relativo a la lucha contra las violencias en el ámbito de la pornografía, que incluya actividades de sensibilización de los niños, niñas y adolescentes y de las familias desde una perspectiva de género (elaboración de videos, comics, libros, cortos, financiación de películas, etc.).

Regulación de diseños y herramientas persuasivos y de patrones oscuros para garantizar la libertad de interacción en el entorno digital. aplicación y refuerzo de medidas de prohibición de diseños y herramientas persuasivas y adictivas de la industria del entorno digital dirigidas o accesibles a personas menores de edad. Prohibición efectiva de la utilización de patrones oscuros y otras prácticas engañosas que induzcan a error a las personas menores de edad en sus interacciones en línea. Adopción de medidas específicas para garantizar la libertad de los usuarios sobre lo que ven y comparten, priorizando esa libertad sobre los condicionamientos de los algoritmos. Por ejemplo, desactivando el perfilado de forma predeterminada; optimizando valores distintos del engagement , asociado a intereses comerciales y de negocio; impulsando la elección responsable del usuario, lo que significa que las plataformas deben crear nuevas funciones que faciliten la personalización consciente y auténtica del feed y protejan su bienestar; introducción por parte de las plataformas de fricciones positivas para ralentizar la publicación y las interacciones de los usuarios, dándoles la oportunidad de pensar antes de compartir; deshabilitación de los sistemas de recomendación basados en perfiles íntimos de las personas y otros cambios en dichos sistemas como compromiso para el diseño seguro. Se trataría de propiciar la orientación del modelo de negocio, pasando de la adicción y la difusión de contenido nocivo a la promoción de contenido positivo y saludable.

Regulación en el ámbito de la inteligencia artificial. aplicación de obligaciones normativas en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) a partir de la aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial (AIA). Incluyendo, información adecuada a las personas usuarias; identificación expresa de su utilización en los contenidos que se difunden; prohibición de ciertas técnicas de manipulación como, por ejemplo, restricciones en modelos antropomorfizados, sobre todo cuando las personas usuarias potenciales son grupos vulnerables y, especialmente, cuando se trata de personas menores de edad.

Reforzar los requisitos técnicos y la evaluación de estos en el desarrollo seguro de los mecanismos de control parental, así como aquellos requisitos adicionales que puedan identificarse para proteger la privacidad de las personas menores de edad. las aplicaciones de control parental no están exentas de las amenazas de seguridad y se han producido brechas que han expuesto datos sensibles de personas menores de edad y sus familias, lo que ha generado preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad en el uso de estas aplicaciones. Las empresas que desarrollan soluciones de control parental deben cumplir con la normativa vigente, como el RGPD y la LOPDGDD, y aplicar las mejores prácticas de seguridad para proteger esta información sensible. En lo que respecta a la seguridad de los dispositivos digitales, la futura aplicación de la norma europea Cyber Resilience Act (CRA) establecerá el marco de seguridad de referencia. Las aplicaciones de control parental deberán permitir la posibilidad de revocar el consentimiento sobre cualquier aplicación descargada.

Uso de lenguaje accesible y comprensible para niñas, niños y adolescentes. impulsar una reforma legislativa, sobre todo enfocada a las Condiciones Generales de Contratación, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico; y la Ley de Protección de Datos para garantizar el derecho de acceso a la información de la infancia y adolescencia. Garantizar la utilización de lenguaje adaptado a este público en relación con las advertencias y políticas de privacidad y las condiciones de uso de los diversos productos y servicios digitales (páginas web, etc.). Así como, valorar un desarrollo similar para las políticas relativas a la utilización de aplicaciones y otros servicios digitales.

Desarrollo de laboratorios comunitarios de cultura digital para jóvenes. impulsar el desarrollo de laboratorios comunitarios de cultura digital de ámbito local. Dichos espacios deben ir más allá de la capacitación en habilidades tecnológicas, para también desarrollar una visión crítica para comprender la tecnología. Se impulsará el uso de cultura digital libre (gratuito y accesible), teniendo en cuenta la formación en el desarrollo activo de software y hardware libre. Dotar asimismo a los municipios de espacios juveniles para propiciar programas propios y autogestionados sobre el entorno digital, los derechos digitales y la profesionalización digital.

Participación de niños, niñas y adolescentes en las diferentes fases del proceso de implementación de las medidas propuestas por el Comité. inclusión de contenidos relacionados con los entornos digitales en las actividades del CEPIA para asegurar la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la identificación de soluciones concretas para la prevención de delitos y experiencias nocivas en la red. Organización de un encuentro anual con niños, niñas y adolescentes facilitada por las Administraciones Públicas para la presentación de propuestas concretas. Seguimiento de las medidas identificadas por el Comité de niñas, niños y adolescentes.

Incluir en el sistema de atención primaria la formación específica de los profesionales sanitarios para la detección y tratamiento de los problemas de los niños, niñas y adolescentes derivados del uso de las tecnologías y los potenciales riesgos para la salud. formación online en salud mental infanto-juvenil incluyendo malestares emergentes y riesgos para la salud del uso de la tecnología, dirigida a profesionales de la salud: pediatría, enfermería, médicas y médicos de familia, trabajadores sociales, educadores sociales, psiquiatras y psicólogos clínicos, y psicólogos generales sanitarios.

Medidas formativas en el ámbito del sector judicial y extensión de la definición de violencias vinculadas al entorno digital. ampliar la formación y especialización en materia de infancia y adolescencia a los diferentes operadores jurídicos, incluyendo el concepto de violencia digital y sus efectos en las personas, especialmente en personas menores de edad. Reforzar en aquellos juzgados que sean especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia el estudio y análisis de los diferentes tipos de violencias, incluidas aquellas que se producen en los entornos digitales, cuando la víctima es una persona menor de edad o las violencias son ejercidas entre iguales. Estudiar la legitimación procesal sobre la presentación de demandas colectivas e individuales para la protección de la infancia y la adolescencia en el ámbito digital.

Desarrollo normativo de la LOPIVI. se deberá llevar a cabo el desarrollo normativo de la LOPIVI para garantizar el buen trato en el entorno digital. El Estado deberá garantizar el buen trato en el entorno digital, de acuerdo con el artículo 1 de la LOPIVI, con espacios seguros en línea mediante el refuerzo de las capacidades y el establecimiento de protocolos. Se requiere del desarrollo normativo de la LOPIVI desarrollando y/o modificando la normativa vigente en las Comunidades Autónomas, realzando la labor de sensibilización y formación correspondiente para su aplicación específica en todos los espacios y entornos sociales y digitales. Esta normativa deberá recoger las responsabilidades de distintos agentes para la garantía del buen trato en el entorno digital de las NNA (familias, administraciones, centros educativos, profesionales del ámbito social, etc.), debiendo ser el interés superior de las NNA el principio rector indiscutible frente a cualquier otro interés (por ejemplo, compartir imágenes de las NNA, hijas e hijos, publicidad…).

Verificar las garantías legislativas en la publicidad en medios online, particularmente la que implique perfilado. la publicidad contextual es un generador de riesgo. Puede impulsar el consumo de productos inadecuados para personas menores de edad, permite la manipulación y, atendiendo a la edad, puede implicar el ofrecimiento de publicidad inapropiada (apuestas deportivas, tabaco, alcohol etc.). Es necesario verificar el despliegue de las condiciones y obligaciones que establece el Reglamento de servicios de la sociedad de la información de la UE (DSA) y su relación con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y la Ley General de Publicidad al efecto de definir un marco claro de tutela de las personas menores de edad en el mundo digital frente a la publicidad. De ser necesario la regulación debería incluir y, en su caso, considerar como infracción los supuestos en los que el algoritmo de personalización se diseñe intencionalmente para incitar al consumo de un producto, potenciando las opiniones positivas de las personas menores de edad para generar un efecto moda o de emulación.

Definir la pornografía infantil como "material de explotación sexual infantil, violencia sexual contra la infancia o materiales de representación sexual explícita de menores". resulta muy necesario usar la misma terminología para los delitos de explotación y violencia sexual contra la infancia a nivel mundial. Esto facilita la cooperación internacional, tan necesaria para luchar contra esta lacra. Adopción de las directrices de Luxemburgo, que definen la llamada pornografía infantil como "material de explotación sexual infantil o material de abuso sexual infantil", con la modificación pertinente del Código Penal para la incorporación de esta terminología.

Modificar el art. 186 del CP para reforzar y aclarar su aplicabilidad a la difusión de imágenes en línea tanto por parte de particulares como de las plataformas y otras webs que publican pornografía. mostrar a los niños, niñas y adolescentes pornografía es un delito castigado en el artículo 186 del CP, pero cada vez estos contenidos se visualizan en línea a edades más tempranas y los responsables no son sancionados. Se cree oportuno estudiar posibles redacciones del artículo 186 para: añadir, después de 'por cualquier medio directo', la expresión 'y a través de cualquier soporte'; aumentar la pena (en Francia es hasta 3 años); añadir que también será castigado el que, estando obligado a ello, no estableciese los mecanismos para impedir el acceso a tales materiales a las personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección; incorporar una mención explícita que deje muy clara su aplicabilidad a los responsables de las plataformas y otras empresas digitales que difunden materiales pornográficos sin limitar su acceso a las personas mayores de edad a través de sistemas de verificación de edad acreditados, siguiendo el ejemplo de la disposición correspondiente del código penal francés.

Clasificación de contenidos pornográficos que representan acciones ilegales. existen contenidos pornográficos que representan acciones que en la vida real son ilegales (personas menores de edad, agresiones y/o violaciones). Alimentar fantasías con material que simula conductas como éstas, tipificadas penalmente en nuestro ordenamiento jurídico, resulta muy peligroso. Deberían etiquetarse como conductas que simulan hechos constitutivos de delito. Se propone exigir, por ley, que esas escenas o sus meras rúbricas descriptivas que aparecen al pie de las imágenes consten etiquetadas claramente; por ejemplo, de la siguiente manera: 'Lo que estás a punto de ver constituye una conducta que, en nuestro país, supone un delito de X, tipificado en el art. Y del Código Penal, castigado con una pena Z'. Ante la posible dificultad de llevar a cabo un etiquetado exhaustivo (por ejemplo, en casos en los que se den en una misma escena varias conductas tipificadas en el Código Penal), podría buscarse una fórmula más genérica como: 'El material que se muestra a continuación simula una conducta sancionada en nuestro país con pena de prisión'. Y, además, estudiar la correspondiente modificación del Código Penal para implementar sanciones en los casos en que no se etiquete ese material debidamente y la inmediata retirada del mismo.

Libro blanco sobre Inteligencia Artificial en la escuela. asegurar que exista un marco de referencia confiable para el despliegue de esta tecnología, pudiendo servir como base para una futura regulación legislativa al respecto. La gobernanza de la IA como herramienta educativa y como parte de la formación en competencias digitales es estratégica.

Plan Estratégico Nacional de Alfabetización Mediática e Informacional. diseño de un Plan Estratégico Nacional, de alfabetización mediática e informacional (AMI), vinculado con el Plan Nacional de Competencias Digitales, para desarrollar competencias, conocimientos, destrezas y actitudes de comprensión y valoración crítica orientadas a la utilización de los medios digitales con eficacia y seguridad, con capacidad de análisis crítico de la información pudiendo distinguir entre hechos y opiniones y pudiendo reconocer noticias falsas y procesos de desinformación. Este Plan Estratégico Nacional debe incluir, al menos, los siguientes aspectos: Su integración en el contenido curricular en el ámbito educativo. La formación de padres y tutores para concienciarles sobre los riesgos del entorno digital y del abuso en la utilización no controlada de los servicios digitales; Sensibilizar sobre la ' creator society ' que llegan de la mano de influencers y otros actores, y el impacto que tiene sobre los valores de la sociedad del futuro; Inclusión de contenidos AMI en los programas universitarios, que engloben aspectos como el humanismo y la ética digitales, tanto en el ámbito de carreras dirigidas a la educación (magisterio, el máster de formación del profesorado), la comunicación y el marketing como en carreras de ciencias vinculadas al diseño desarrollo de herramientas y sistemas de la tecnología de la información.

Desarrollo de normas técnicas de certificación. desarrollar normas técnicas de certificación (tipo UNE, ANEC u otros organismos internacionales) para el diseño, el desarrollo, la implantación y el funcionamiento de los productos y servicios digitales destinados a las personas menores de edad, incluidos los sistemas de IA, evitando la creación de barreras de entrada, y garantizando la privacidad, interés superior y derechos de las personas menores de edad.

Transparencia de empresas y organizaciones en sus acciones relacionadas con las personas menores de edad en el entorno digital. regulación de las actividades de patrocinio de congresos, encuentros, conferencias, realización de estudios, investigaciones e informes y cualesquiera otros eventos relacionados con las personas menores de edad y el entorno digital, así como con la materia de la privacidad y la protección de datos por las compañías tecnológicas que proveen al mercado de servicios y productos digitales, incluidas redes sociales y plataformas de Internet. Esta regulación debería exigir la máxima transparencia con mención explícita del importe de las aportaciones, la identidad del pagador y del beneficiario de las mismas, incluyéndose tanto en los medios y en la publicación científica de los estudios, como en la divulgación de sus resultados. Dicha obligación de transparencia debe aplicarse también a la financiación o los regalos (incluyendo los de productos o servicios) que las empresas hacen a personas o entidades públicas o privadas que tengan poder de decisión directo o indirecto en el ámbito educativo y en el sanitario. Por parte de las empresas, adopción de medidas de transparencia, complementarias a las normas ESG tradicionales, que establezcan indicadores claros y concretos del impacto en las personas menores de edad de la actividad que desarrollan, para su inclusión en los informes del RSC. Estas medidas deberían extenderse también al Tercer Sector, consensuando los estándares de transparencia de sus organizaciones desde el ángulo de la alineación entre financiación y misión de las organizaciones, políticas de aceptación de donaciones, etc.

Dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) de herramientas más adecuadas para investigar y desmantelar redes de violencia sexual contra la infancia en línea. las unidades especializadas de las FCSE, teniendo en cuenta el actual desarrollo de las tecnologías, requieren de mayor dotación de recursos para poder investigar efectivamente este tipo de delito. Por ello es preciso: Dotar de los recursos necesarios para maximizar el desarrollo y aplicación de medidas preventivas, de concienciación y de formación para la protección de las personas menores de edad en el entorno digital, en línea con acciones públicas como el Plan Director del Ministerio del Interior. Ofrecer recursos estandarizados de protección de testigos y acogida para niños, niñas y adolescentes en estas situaciones. Incentivar el desarrollo de herramientas y servicios de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalía y Judicatura, que les facilite la investigación criminal en el caso de contenidos inadecuados de tipo ilícito, teniendo en cuenta los nuevos desafíos tecnológicos como la IA generativa, variantes de deep learning, y de herramientas de mensajería instantánea. Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para que la FCSE, Fiscalía y Judicatura puedan investigar estos delitos digitales de forma efectiva y rápida, asegurando que cuenten con las tecnologías más punteras disponibles y con la formación necesaria para poderlas utilizar y/o para poder entender los delitos del entorno digital relativos a la esfera sexual.

Exigir responsabilidad social y legal de protección de la infancia a la industria de la pornografía. la industria de la pornografía tiene gran visibilidad en las redes sociales y los nichos donde están las personas menores de edad (videojuegos, redes sociales de entretenimiento, lugares donde suelen acudir en internet). Realizar un análisis de "grietas" por las que la industria se cuela para captar a las personas menores de edad o acciones destinadas a fomentar el uso de la pornografía. Estableciendo a partir de dicho análisis un sistema de detección, control y sanción de este tipo de acciones.

Desarrollo de herramientas, protocolos y formaciones específicas para la detección y actuación en caso de una problemática relacionada con el consumo de la pornografía por personas menores de edad y violencias y violencias sexuales contra personas menores de edad. ## Descripción: No existen herramientas específicas para la detección y actuación en caso de una problemática relacionada con la pornografía o violencias sexuales en la infancia y adolescencia y sus efectos en la salud mental. Desarrollar un marco de actuación aplicable en todas las comunidades autónomas en caso de que se detecte una situación problemática relacionada con el consumo de pornografía o las violencias sexuales y sus efectos en la salud mental. Implementar el marco de actuación en los centros educativos, centros sanitarios y otros espacios en los que socialicen las NNA, atendiendo al régimen de competencias y a las necesidades de cada comunidad autónoma.

Observatorio de salud mental y adicciones sin sustancia vinculados a los entornos digitales. puesta en marcha a nivel estatal de un Observatorio de Salud Mental y Adicciones sin sustancia dentro del marco del Plan Nacional de Salud Mental para el monitoreo y la elaboración de recomendaciones concretas en el ámbito de la adicción vinculada a los contenidos digitales.

Monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia en los Entornos Digitales. puesta en marcha de mecanismos de monitoreo de la Estrategia que servirá para el desarrollo de las diferentes medidas enunciadas en este informe que las administraciones públicas decidan llevar adelante. Participación de la sociedad civil y los órganos de participación infantojuveniles en el monitoreo y evaluación de las diferentes medidas de la Estrategia.

Observatorio de aplicaciones y herramientas digitales educativas. crear e impulsar un observatorio que analice las aplicaciones y herramientas digitales educativas ofreciendo orientaciones a profesionales y familias respecto de su eficacia pedagógica, el tiempo de uso recomendado, clasificaciones por edad, seguridad, riesgos potenciales, etc.

Formación en el ámbito familiar. diseñar, por parte de los órganos competentes, con la participación de las familias y de los organismos infantojuveniles, un Plan de formación para familias que contemple: La mediación parental o tutelar. La navegación segura, los límites de acceso y tiempo de exposición, así como la supervisión adecuada a cada franja de edad. Los riesgos y efectos en la salud que pueda conllevar el uso (incluido el abusivo o inadecuado) de dispositivos digitales, así como las potenciales ventajas educativas de un uso crítico y adecuado. Los derechos de la infancia y los deberes de las familias o responsables legales en la actuación de NNA. La conveniencia de pactar normas comunes, atendiendo a la edad, tanto si los niños, niñas y adolescentes forman parte de una única unidad familiar como si conviven en varias unidades. Los derechos de la infancia a la protección frente a los riesgos de contenido (pornografía y otros contenidos para adultos y/o prejudiciales), contacto (grooming, auto grabación y violencia sexual contra la infancia, etc.) y conducta (difusión de material sexual, deepfakes, etc.) y los deberes de las familias o responsables legales en la actuación de NNA, las posibles responsabilidades penales de los NNA, así como civiles o administrativas de sus progenitores y tutores en relación con la realización de conductas ilícitas. Información sobre líneas telefónicas de ayuda en la materia. Los mecanismos de participación de las familias en la comunidad escolar (consejo escolar de centro, asociaciones de familias, escuelas de familias, etc.). El diseño de un paquete de medidas, en continua actualización y adaptado por tramos de edad (pudiendo utilizar como referencia el plan digital familiar de la Asociación Española de Pediatría, entre otros), que recoja recursos para las familias y orientaciones sobre el uso de las tecnologías digitales, de acuerdo con las recomendaciones y protocolos surgidos de estudios e investigaciones y alineados con los incorporados en los centros educativos. El Plan debe adaptarse a todo tipo de familias, a sus niveles socioeconómicos, a su disponibilidad de tiempo para la formación y a la accesibilidad a los medios que pudieran utilizarse. Deberá, asimismo, contemplar la dotación económica que permita conceder subvenciones a las AMPA y entidades del tercer sector para facilitar la ejecución y adaptación del Plan. Además, con el objeto de que tenga mayor difusión, se recomienda también distribuir material informativo a todos los progenitores y responsables legales, tanto en formato escrito como en formato de video, a través de los canales de distribución de información que utilizan los centros educativos (correos, aulas digitales, etc.), para así llegar a todos ellos.

Recomendaciones generales relativas al acceso progresivo de los NNA a los dispositivos digitales por franjas de edades. para proteger a NNA de los riesgos que supone el entorno digital para su bienestar y desarrollo integral, se formulan las siguientes recomendaciones dirigidas principalmente a las familias para el uso adecuado de los dispositivos en un acceso gradual, lo más seguro, respetuoso con sus derechos de privacidad e intimidad y educativo posible, y adaptado al nivel de madurez y capacidad progresiva de NNA. Esta recomendación pretende acompañar a NNA desde una situación en la que deben estar fuertemente protegidos de la exposición al entorno digital desde sus primeras etapas de vida y hasta que alcancen la autonomía suficiente que les permita un acceso y uso seguro, responsable y positivo de los entornos digitales. Recomendaciones: No exponer a los niños y niñas de 0 a 3 años a los dispositivos digitales. Desaconsejar el uso de dispositivos digitales de los 3 a los 6 años. Como excepción, en caso de necesidad y de forma puntual y bajo la supervisión de un adulto, se puede permitir, con el objetivo de mantener un contacto social, familiar o cuando se determine por resolución judicial. Es aconsejable limitar el uso de dispositivos digitales por los adultos en presencia de menores hasta los 6 años. Entre los 6 y los 12 años, que se limite el uso de los dispositivos con acceso a Internet y se prioricen las actividades vivenciales, deportivas, en contacto con la naturaleza y el entorno físico y presencial. Si se decide que se utilice un dispositivo, que sea bajo la supervisión de un adulto y para acceder puntualmente y con límites prefijados únicamente a contenidos adaptados a sus edades y capacidad. Desde los 12 años y hasta los 16 años, si se decide permitir el acceso a dispositivos digitales, y como medidas de protección para los NNA es esencial sin caer en el error de que esta sea la única medida que se tome- instalar herramientas de control parental que permitan, con los límites que esta tecnología tiene, evitar el acceso a contenidos inadecuados, así como gestionar el tiempo de exposición y acceso a través de los contratos familiares de uso de dispositivos para limitar espacios, tiempos de usos, etc., garantizando la adopción de medidas de seguridad y de configuración de la privacidad que todo dispositivo digital tiene. Entre los 12 y los 16 años, priorizar el uso de teléfonos analógicos (de sólo llamada), sin acceso a internet, si se estima que son necesarios. Retrasar la edad del primer móvil inteligente (con conexión a internet) lo máximo posible. Si las familias deciden la entrega de un móvil inteligente antes de los 16 años, utilizar el control parental para limitar y monitorear el acceso a los contenidos y el tiempo de uso, sin acceso a redes sociales y con un acuerdo sobre el tiempo y el tipo de uso y haciendo especial hincapié en la educación digital -práctica y actualizada- tanto de NNA como de los adultos. Formación sobre cuestiones de privacidad, ciberseguridad, de responsabilidad legal de los hechos cometidos en Internet, así como de herramientas como el canal prioritario, la línea 017 y demás recursos, así como formación para sacar el máximo partido al tiempo invertido en Internet (aprender idiomas, perfeccionar dones/talentos mediante tutoriales, etc.).

Crear espacios seguros donde pedir ayuda. el despliegue de políticas públicas en otras áreas ha demostrado que las personas vulnerables o en riesgo necesitan de soporte directo telefónico, digital o físico que en algunas ocasiones alcanza a la dotación de recursos como viviendas o espacios seguros de reunión. Este tipo de políticas deberían proporcionar lecciones aprendidas que trasladar a la infancia y la adolescencia.

Prevención del suicidio ampliar y desarrollar el plan nacional de prevención del suicido reforzando las líneas de ayuda dirigidas a niñas, niños y adolescentes. Desarrollar acciones específicas relacionadas con el impacto del consumo de determinados contenidos en entornos digitales sobre el cerebro en desarrollo y la personalidad y emociones adolescentes. Dar continuidad al grupo de trabajo de dicho plan que incluye profesionales de salud mental infanto-juvenil. Desarrollar campañas en redes sociales dirigidas a la infancia y adolescencia sobre los recursos de ayuda e información existentes vinculados al suicidio.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad exigidos por la Ley de Ciberresiliencia (CRA), una vez entre en vigor, por parte de los proveedores y distribuidores de dispositivos comercializados en la UE. la Ley de Ciberresiliencia europea ( Ciberresilience Act ) es una iniciativa legislativa propuesta por la Comisión Europea destinada a reforzar la seguridad cibernética de los productos con elementos digitales en el mercado de la Unión Europea (UE). La propuesta fue presentada el 15 de septiembre de 2022 como parte de los esfuerzos continuos de la UE para aumentar la resiliencia cibernética y proteger a los ciudadanos y las empresas frente a las amenazas cibernéticas y se espera que entre en vigor en 2024.

Regulación de las comunicaciones comerciales. garantizar el cumplimiento en el entorno digital de las prohibiciones o limitaciones a las comunicaciones comerciales nocivas y perjudiciales para la salud, la seguridad y el desarrollo evolutivo de la infancia y la adolescencia (juegos de azar y apuestas, bebidas alcohólicas, etc.), en línea con lo contemplado en la legislación audiovisual. Promover un papel activo de las plataformas y las redes sociales a la hora de identificar dichos contenidos y evitar el acceso por parte de las personas menores de edad. Todo ello vinculado a un impulso en la aplicación de la DSA en España, con el fin de hacer efectiva la regulación ya contenida en la norma europea en este ámbito. Dando a conocer los mecanismos de notificación previstos en el propio Reglamento y mejorando la accesibilidad a dichos mecanismos en relación con los productos y servicios digitales.