Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales

Este proyecto de ley orgánica establece un marco integral para proteger a las personas menores de edad en los entornos digitales. El texto parte de la idea de que la digitalización afecta de forma profunda al desarrollo personal, social y educativo de la infancia y la adolescencia, por lo que busca reforzar sus derechos y prevenir riesgos específicos asociados al uso de tecnologías y servicios digitales.

“La norma combina medidas de garantía de derechos, protección del consumidor, educación y salud pública, junto con respuestas frente a violencias ejercidas o facilitadas a través de medios digitales.”

La alineación global entre el proceso participativo y el proyecto normativo es amplia, sólida y transversal. El texto recoge con especial intensidad las demandas vinculadas a la protección técnica en productos y servicios digitales, la educación para un uso seguro y crítico, la prevención de violencias digitales y la atención a los impactos sobre la salud mental y el bienestar de niños, niñas y adolescentes. En conjunto, la norma refleja una lectura integral del problema y responde de forma consistente a la idea de que la protección de la infancia en entornos digitales no puede limitarse a la responsabilidad individual o familiar, sino que exige deberes claros para la industria, actuación coordinada de los poderes públicos y entornos de cuidado más capacitados. La principal concentración de vacíos no está en los grandes fines de protección, que aparecen ampliamente cubiertos, sino en herramientas más operativas o especializadas, como algunos mecanismos de corregulación, la transparencia algorítmica y de la industria, la evaluación pública de ciertos servicios o una mayor especialización institucional y judicial; además, parte de lo no recogido se sitúa en ámbitos regulatorios externos a esta ley.

La principal sección huérfana con contenido relevante es el artículo 8, que introduce un encaje específico de las víctimas de violencia de género o violencias sexuales facilitadas por entornos digitales en el sistema de protección de las Leyes Orgánicas 1/2004 y 10/2022. El patrón sugiere que el documento sí aborda el estatuto jurídico de estas víctimas, pero ha recibido pocas propuestas alineadas con esa técnica concreta de remisión y reconocimiento.